Una fuerte puja se ha desatado entre el Gobierno Nacional y 20 gobernadores del país a raíz del Decreto 1474 de 2025, “por el cual se adoptan medidas
Una fuerte puja se ha desatado entre el Gobierno Nacional y 20 gobernadores del país a raíz del Decreto 1474 de 2025, “por el cual se adoptan medidas tributarias destinadas a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para hacer frente al Estado de Emergencia declarado mediante el Decreto 1390 de 2025”.
No obstante, en el país se abrió un nuevo debate ante la posibilidad de que esta disputa entre los entes territoriales y el Gobierno central estaría influenciada por una supuesta ‘mano negra’: las multinacionales tabacaleras. Según el más reciente informe de Noticias Uno, estas compañías estarían financiando la postura de los gobernadores. Lo anterior se sustenta en que, desde 2009, la Federación Nacional de Departamentos mantiene convenios de cooperación financiera y técnica con este sector, que se vería afectado por el aumento de impuestos contemplado en el Decreto.
Para representantes de organizaciones de la sociedad civil, la postura de varios gobernadores —incluida la del Tolima, Adriana Magali Matiz— frente a la oposición a nuevos impuestos a bebidas alcohólicas y cigarrillos se asocia a la defensa de intereses de sus patrocinadores.
De acuerdo con el informe de la Red Independiente, Carolina Piñeros, directora de Red PaPaz, afirmó que “los entes territoriales están actuando más como industrias que como entidades gubernamentales, que deberían velar y proteger la salud”.
Por su parte, Carolina Wiesner, directora del Instituto Nacional de Cancerología, señaló que “al aumentar los impuestos, baja el consumo y, a largo plazo, se previene el cáncer; es la medida más costo-efectiva”.
Cabe recordar que la Federación Nacional de Departamentos es una organización de carácter privado que administra recursos públicos, como el 1,5 % del impuesto a los cigarrillos y licores, así como una indemnización cercana a los 100 millones de dólares que Philip Morris debió pagar por su masiva operación de contrabando en Colombia durante décadas, sin que la Procuraduría ni la Contraloría pudieran evaluar su gestión.
En 2009, Philip Morris y British American Tobacco llegaron a un acuerdo en la demanda por fraude a las finanzas departamentales. Mediante maniobras políticas, el pago de la indemnización quedó por fuera del control de los entes de vigilancia, tras la suscripción de un contrato que le permite a la Federación de Departamentos administrar hasta 65.000 millones de pesos anuales en relaciones públicas y medios de comunicación.
Vea el informe aquí: https://www.facebook.com/share/v/1Dj3ecdtKJ/?mibextid=wwXIfr
