Fiscalía entrega bienes que superan los 1,7 billones de pesos al Fondo para la Reparación a las Víctimas

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Fiscalía entrega bienes que superan los 1,7 billones de pesos al Fondo para la Reparación a las Víctimas

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Justicia Transicional, ha obtenido resultados excepcionales en la implementación de la

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La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Justicia Transicional, ha obtenido resultados excepcionales en la implementación de la Ley de Justicia y Paz para garantizar los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición de las víctimas del conflicto armado colombiano.

Durante los últimos cuatro años, se han entregado al Fondo para Reparación a las Víctimas bienes que superan el valor de 1 billón 708 mil millones de pesos. Esta suma constituye la mayor cuantía patrimonial puesta a disposición desde la implementación de la Ley de Justicia y Paz. Este incremento es notable, considerando que entre 2006 y 2019, los bienes entregados al Fondo se estimaron en 500.000 millones de pesos en valor comercial.

En el transcurso del año 2023, la Fiscalía ha puesto a disposición del Fondo para la Reparación a las Víctimas para su administración 600 propiedades presuntamente vinculadas a extintas estructuras paramilitares, las cuales superan los 933.014 millones de pesos en valor. Entre los bienes más destacados se encuentran:

Hacienda Virgen del Cobre, ubicada en Necoclí (Antioquia), con un valor de 219.000 millones de pesos, asociada al bloque Elmer Cárdenas de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Finca Torrealta, localizada en Rionegro y El Retiro (Antioquia), relacionada con la denominada Casa Castaño de las AUC, valorada en 73.606 millones de pesos. En los registros, figuraba como propietario, entre otros, el exgobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez.

115 inmuebles asociados a alias Memo Fantasma y el Bloque Central Bolívar de las AUC, estimados en 173.028 millones de pesos.

Finca La Caña, ubicada en zona rural de Montería (Córdoba), con un valor de 44.142 millones de pesos, vinculada al accionar delictivo del denominado ‘Clan Cifuentes Villa’, presunto financiador de la Casa Castaño.

En cuanto a los hechos imputados, entre 2020 y 2023, el Grupo de Judicialización de Hechos de la Dirección de Justicia Transicional ha presentado solicitudes de imputación por 83.769 hechos atribuibles a estructuras paramilitares, concluyendo audiencias de formulación de imputación por 57.400 delitos. Esta cifra supera los logros obtenidos entre 2006 y 2019.

Los hechos imputados incluyen homicidios, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, violencia basada en género, homicidios múltiples y delitos atribuidos al excabecilla paramilitar Salvatore Mancuso Gómez, quien ha sido relacionado con 24.165 delitos en los últimos cuatro años.

Destacándose entre las exclusiones de Justicia y Paz, la decisión en contra de Hernán Giraldo Serna, alias el Patrón de la Sierra o Taladro, quien perdió los beneficios por su implicación en actos de violencia sexual contra menores de edad después de la desmovilización.

El Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega (GRUBE), en un periodo de cuatro años, ha realizado 2.093 exhumaciones de víctimas de desaparición forzada en diferentes cementerios y fosas comunes en el país. Asimismo, ha entregado dignamente 1.142 cuerpos de víctimas tras procesos de identificación mediante protocolos forenses.

La Dirección de Justicia Transicional ha liderado 119 jornadas de atención en casi cuatro años, brindando asistencia y escuchando a 16.327 personas afectadas por el conflicto en diferentes municipios.

En cuanto al Grupo de Compulsa de Copias, ha logrado la judicialización de 72 terceros señalados de promover o financiar el paramilitarismo en Colombia. Destacan casos como la resolución de acusación contra el actual presidente y el expresidente de la multinacional Drummond, así como la judicialización de empresarios bananeros señalados de promover el Bloque Bananeros de las AUC. Además, resoluciones de acusación contra terceros involucrados en desplazamientos de víctimas para proyectos de siembra de palma y ganadería en la cuenca de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó.

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