La tensión entre el presidente Gustavo Petro y el Fiscal General Francisco Barbosa ha alcanzado un nuevo punto álgido con las recientes declaraciones
La tensión entre el presidente Gustavo Petro y el Fiscal General Francisco Barbosa ha alcanzado un nuevo punto álgido con las recientes declaraciones de Barbosa, quien ha expresado su profunda preocupación por la administración del gobierno nacional en materia de orden público y control del territorio.
Barbosa no ha escatimado críticas hacia las decisiones gubernamentales, destacando la aparente falta de efectividad en la gestión de la seguridad en Colombia. En su última alocución, el fiscal lamentó la destinación de recursos a los delincuentes, alegando que mientras millones de ciudadanos honestos buscan empleo y estabilidad, el gobierno destina fondos a individuos involucrados en actividades criminales sin lograr detener su accionar delictivo ni reducir los alarmantes índices de homicidios.
El programa “Pagar por no matar”, parte de la iniciativa de “Paz Total” liderada por el presidente, ha sido fuertemente cuestionado por Barbosa, quien lo ha calificado como una “paz criminal”. Este programa ofrece incentivos económicos a jóvenes vinculados a actividades delictivas con el objetivo de reducir la violencia y la delincuencia en el país.
“Es una falta de respeto al ciudadano común que ahora se le exija pagar a la criminalidad. Mientras algunos enfrentan dificultades económicas, se premia a quienes cometen delitos”, expresó el Fiscal, destacando el impacto negativo que estas políticas tienen en la percepción de seguridad en la nación.
Barbosa subrayó la importancia de no premiar a quienes cometen delitos y enfatizó que el enfoque debería estar en apoyar a aquellos ciudadanos que actúan correctamente, generando así un ambiente más seguro y confiable para todos.
“El presidente Petro y el gobierno nacional, a mi juicio, no han estado a la altura del país en términos de orden público y control del territorio”, concluyó el Fiscal General, subrayando su preocupación por las decisiones y estrategias adoptadas en materia de seguridad por parte de las autoridades nacionales.
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