La Fiscalía llevó a cabo la judicialización de dos exmilitares por su presunta participación en el robo de 45 millones de pesos en una finca ubicada
La Fiscalía llevó a cabo la judicialización de dos exmilitares por su presunta participación en el robo de 45 millones de pesos en una finca ubicada en la zona rural de Coyaima, Tolima. Los hechos ocurrieron a principios de este año, cuando los ocupantes de la finca fueron reducidos por individuos haciéndose pasar por funcionarios del Gaula, Sijin y CTI, bajo la falsa pretensión de realizar un allanamiento y registro.
Camilo Andrés García Rojas y Edgar Libardo Santos Jaimes, quienes actualmente se encuentran detenidos en un batallón de Facatativá, Cundinamarca, debido a un proceso judicial militar, han sido imputados por los delitos de hurto calificado y agravado en concurso con tráfico, fabricación y porte de armas de fuego.
El 20 de enero de 2023, estos dos exmilitares, en ese momento sargentos vice primeros asignados a un comando en Medellín, presuntamente utilizaron engaños con miembros del Gaula Militar del Tolima para llevar a cabo el robo en la finca de un ciudadano. La víctima no solo denunció la pérdida de una gran suma de dinero, sino también el maltrato sufrido tanto por él como por su compañera, a manos de un falso servidor del CTI. Se dice que la casa fue completamente registrada.
Los implicados ingresaron en horas de la madrugada junto con otros falsos funcionarios, mientras los militares reales creían estar cumpliendo con una diligencia legal y permanecían afuera formando un cordón de seguridad, como es común en este tipo de operativos. Una vez encontraron lo que buscaban, los acusados se llevaron el dinero en bolsas negras.
Los exfuncionarios han admitido su participación en el hurto, pero niegan tener armas de fuego ilegales. El juzgado con funciones de control de garantías de Coyaima, ante el cual se llevaron a cabo las audiencias, ha acogido la solicitud de la Fiscalía de privarlos de libertad en un centro penitenciario. Por lo tanto, una vez sean puestos en libertad por la justicia penal militar, serán trasladados a la Cárcel Coiba Picaleña de Ibagué.
