El Distrito Este de Nueva York hizo pública parcialmente una acusación formal de cinco cargos contra cinco personas señaladas de participar en un pre
El Distrito Este de Nueva York hizo pública parcialmente una acusación formal de cinco cargos contra cinco personas señaladas de participar en un presunto esquema de fraude migratorio que operaba a través de un bufete de abogados ficticio. Los delitos imputados incluyen conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para el lavado de dinero y dos cargos por suplantación de funcionarios o empleados de Estados Unidos.
Tres de los acusados —Daniela Alejandra Sánchez Ramírez (25), Jhoan Sebastián Sánchez Ramírez (29) y Alexandra Patricia Sánchez Ramírez (38)— fueron arrestados en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty cuando intentaban abordar un vuelo con destino a Colombia. Marlyn Yulitza Salazar Pineda (24) fue detenida en un restaurante en Nueva Jersey. Un quinto acusado permanece fuera de la custodia estadounidense.
Según informaron las autoridades, Daniela, Jhoan y Alexandra Sánchez Ramírez son hermanos. Daniela y Jhoan se encuentran en libertad condicional migratoria, al igual que Salazar Pineda, mientras que Alexandra Sánchez Ramírez habría ingresado al país con visa de turista. Los cuatro detenidos serán presentados ante la jueza federal Peggy Cross-Goldenberg en el tribunal federal de Brooklyn.
Presunto esquema fraudulento
De acuerdo con la acusación, los implicados y sus cómplices habrían creado un despacho ficticio denominado “CM Bufete De Abogados Consultoría Migratoria”. A través de redes sociales, principalmente Facebook, captaban personas interesadas en regularizar su situación migratoria en Estados Unidos.
Las autoridades señalan que cobraban honorarios que iban desde cientos hasta miles de dólares por servicios legales que, según la investigación, nunca fueron prestados. Ninguno de los acusados contaba con licencia para ejercer la abogacía en Estados Unidos.
El documento judicial sostiene que, tras recibir los pagos, los acusados enviaban a las víctimas documentos que aparentaban ser oficiales, utilizando sellos y símbolos de agencias federales. Algunos de estos documentos hacían referencia a casos reales pendientes en cortes migratorias, aunque, según la fiscalía, no eran emitidos por ninguna entidad gubernamental.
Asimismo, se les acusa de organizar audiencias y entrevistas migratorias simuladas por videoconferencia. En estos encuentros virtuales, presuntamente se hacían pasar por jueces de inmigración, agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y abogados. Según la acusación, utilizaban vestimenta y escenografías que imitaban tribunales y oficinas oficiales.
Las autoridades indicaron que durante estas sesiones solicitaban información personal sensible a las víctimas y, en algunos casos, les informaban falsamente que sus procesos migratorios habían sido resueltos favorablemente. Como consecuencia, algunas personas no acudieron a audiencias reales ante tribunales de inmigración. En al menos un caso, esto derivó en una orden de deportación que posteriormente fue revertida.
La investigación ha identificado más de 100.000 dólares en transacciones presuntamente fraudulentas vinculadas al esquema.
Declaraciones oficiales
El fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella, Jr., afirmó que el caso representa un intento de proteger la integridad del sistema migratorio y a personas en situación vulnerable. También participaron en la investigación la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS-OIG), la Oficina de Responsabilidad Profesional de CBP y otras agencias federales.
Las autoridades destacaron la cooperación interinstitucional para desarticular el presunto esquema.
Situación judicial
Los cargos contenidos en la acusación son alegaciones formales. Todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal. De ser hallados culpables, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión por algunos de los cargos.
El caso está a cargo de la Sección Penal de Long Island de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, bajo la conducción del fiscal adjunto James R. Simmons.
