Una fuerte lluvia terminó poniendo bajo la lupa la gestión sobre uno de los principales bienes culturales del departamento. El Teatro Tolima se inund
Una fuerte lluvia terminó poniendo bajo la lupa la gestión sobre uno de los principales bienes culturales del departamento. El Teatro Tolima se inundó en plena ceremonia de graduación el pasado viernes 2 de octubre, obligando a evacuar a los asistentes, en una emergencia que ahora deja serios interrogantes sobre las inversiones destinadas a la protección del patrimonio durante la administración de la gobernadora Adriana Magali Matiz.
El episodio resulta aún más cuestionable porque ocurrió aproximadamente ocho meses después de finalizar el Convenio de Asociación 2779 de 2025, suscrito por la Secretaría de Cultura y Turismo del Tolima, encabezada por Alexander Castro Salcedo, con la Fundación Escuela Taller de Boyacá por $570 millones.
De acuerdo con documentos revisados por Noticias del Tolima, dentro de este convenio se destinaron $200 millones a obra física de construcción e impermeabilización en bienes considerados patrimonio cultural del departamento.
La pregunta es inevitable: ¿qué trabajos se realizaron, en cuáles inmuebles y qué intervención recibió específicamente el Teatro Tolima?
Los documentos consultados no permiten afirmar que los $200 millones fueran invertidos exclusivamente en la cubierta del teatro. Sin embargo, sí dejan establecido que existieron recursos públicos para obras e impermeabilización dentro de un programa de salvaguardia del patrimonio. Por eso, que meses después el agua haya ingresado por la cubierta de uno de los escenarios culturales más importantes del Tolima exige explicaciones claras y soportadas técnicamente.
El convenio inició su ejecución en septiembre de 2025 y terminó en enero de 2026. Mientras tanto, la tormenta del pasado viernes evidenció que el Teatro Tolima continúa siendo vulnerable a fuertes precipitaciones.
Ahora no basta con reparar los daños ocasionados por el aguacero. La Gobernación deberá esclarecer qué obras se ejecutaron con esos recursos, cuánto dinero fue destinado específicamente al Teatro Tolima, qué zonas fueron intervenidas, quién recibió los trabajos y si las actuales filtraciones tienen o no relación con esas intervenciones.
También deberá establecerse con precisión la responsabilidad de cada dependencia. La Secretaría de Cultura y Turismo fue la ordenadora y contratante del convenio, mientras que la administración física de los bienes departamentales corresponde a la Secretaría Administrativa y de Talento Humano, a través de la Dirección de Recursos Físicos.
Por ahora no existe un elemento técnico que permita responsabilizar directamente a alguna de estas dependencias por lo ocurrido. Pero hay un hecho difícil de ignorar: hubo recursos públicos destinados a obras e impermeabilización del patrimonio y, meses después, el Teatro Tolima terminó con agua ingresando por su cubierta.
La evaluación técnica anunciada por la Gobernación deberá responder lo que hoy quedó flotando después del aguacero: ¿la inversión protegió realmente el patrimonio o el departamento tendrá que volver a gastar para solucionar problemas que se suponía debían estar atendidos?
