A 24 horas de que la Corte Constitucional no aplicara una medida cautelar al decreto que declaró la emergencia económica, la Federación Nacional de D
A 24 horas de que la Corte Constitucional no aplicara una medida cautelar al decreto que declaró la emergencia económica, la Federación Nacional de Departamentos (FND) convocó una sesión extraordinaria para analizar la posible aplicación de una excepción de inconstitucionalidad frente a varias disposiciones del Decreto 1474 de 2025, al considerar que son desproporcionadas y vulneran principios constitucionales.
Los mandatarios departamentales estudian con carácter urgente mecanismos jurídicos para frenar el aumento del Impuesto al Consumo y el incremento del IVA del 5 % al 19 %, mientras el alto tribunal se pronuncia de fondo. Según un comunicado de la FND, las medidas representarían un riesgo para la sostenibilidad financiera de los departamentos y afectarían la prestación de servicios esenciales como salud, educación y deporte.
Al menos 17 gobernadores respaldan esta postura. Entre los voceros designados están las gobernadoras del Tolima, Adriana Magali Matiz, y del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro; los gobernadores de Antioquia, Andrés Julián Rendón; Caquetá, Luis Francisco Ruiz; Nariño, Luis Alfonso Escobar; y el presidente de la FND y gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta.
Los mandatarios sostienen que la emergencia económica equivale a una reforma tributaria por decreto, pese a que una iniciativa similar fue negada por el Congreso. Cuestionan, además, el artículo 15 del decreto, que limita el recaudo departamental al disponer que ingresos por encima del IPC sean transferidos a la Nación, lo que —afirman— afecta la autonomía territorial.
Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó la posición de los gobernadores y advirtió posibles responsabilidades legales por no acatar la norma. En la misma línea, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, anunció que se analizarán acciones jurídicas, al considerar que la excepción de inconstitucionalidad no sería procedente en este caso.
La controversia se mantiene mientras la Corte Constitucional y el Consejo de Estado avanzan en el estudio del decreto y de las actuaciones derivadas de su aplicación.
