La Fiscalía en el departamento del Tolima obtuvo recientemente un veredicto de culpabilidad y presentó cargos por delitos contra la administración pú
La Fiscalía en el departamento del Tolima obtuvo recientemente un veredicto de culpabilidad y presentó cargos por delitos contra la administración pública en casos independientes ocurridos en Ibagué y Ortega.
En el primer caso, una fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Ibagué logró que se dictara una condena de un año y cuatro meses de prisión contra Julio César Góngora, quien ocupaba el cargo de pagador y tesorero de la Asamblea del Tolima en el momento de los hechos. El Juzgado 3° Penal del circuito de Ibagué había emitido previamente la condena por el delito de peculado culposo, relacionado con un incidente ocurrido en 2011. En aquella ocasión, Góngora giró un cheque de más de $3.000.000 que, a pesar de no contar con la autorización correspondiente debido a la falta de fondos, fue cobrado por un tercero. La falsificación de la firma del entonces presidente de la Asamblea se confirmó posteriormente, cuando la contadora de la corporación detectó la irregularidad en el inicio de 2012.
En otro caso, Óscar Roberto Neira Martínez, quien ejerció como alcalde de Ortega entre 2012 y 2015, ha sido imputado por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. La Fiscalía sostiene que Neira Martínez celebró el Contrato de Obra Pública Número 234 el 30 de diciembre de 2015, un día antes de concluir su mandato, a través de una licitación pública inusual. Dicho contrato, con un valor de $1.588.858.920, estaba destinado a la construcción de la I Etapa Pos-Primaria de la Institución Educativa Nicolás Ramírez Alto del Cielo de Ortega, con un plazo de ejecución de 210 días calendario. La Fiscalía descubrió que tres ingenieros civiles que ya habían recibido contratos de obra pública del mandatario formaban parte del grupo de trabajo de la empresa adjudicataria, y uno de esos contratos todavía estaba vigente en el momento de la celebración del mencionado contrato, lo cual impidió el cumplimiento adecuado del objeto contratado y dejó la obra inconclusa. Esto ha perjudicado a los estudiantes, ya que algunas aulas quedaron a medio construir y no se proporcionaron servicios básicos ni un sistema de alcantarillado adecuado para el drenaje de aguas residuales.
La Fiscalía considera que el exmandatario violó los principios de planeación, economía, publicidad y selección objetiva en la ejecución de dicho contrato. Los hechos imputados demuestran presuntas irregularidades en la contratación pública, lo que constituye un delito contra la administración pública según la legislación vigente.
Estos casos judiciales ponen de manifiesto los esfuerzos de la Fiscalía en el Tolima para combatir la corrupción y garantizar la transparencia en la gestión pública. Se espera que los procesos legales correspondientes continúen su curso y se haga justicia en cada caso, en aras de salvaguardar los recursos y la confianza de la ciudadanía en las instituciones. La lucha contra la corrupción sigue siendo una prioridad en el departamento del Tolima y se espera que estos resultados envíen un mensaje claro de que aquellos que cometan actos ilícitos en el ámbito público serán investigados y llevados ante la justicia.