La Fiscalía investiga posibles irregularidades en contratos de interventoría relacionados con un proyecto de construcción de unidades sanitarias rura
La Fiscalía investiga posibles irregularidades en contratos de interventoría relacionados con un proyecto de construcción de unidades sanitarias rurales. El presunto detrimento patrimonial asciende a $499 millones.
La Fiscalía General de la Nación informó que un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en su lugar de residencia a Adriyana Lugo Camacho, exsecretaria de Planeación e Infraestructura del municipio de Ataco, Tolima, por su presunta participación en irregularidades contractuales relacionadas con recursos del Sistema General de Regalías.
De acuerdo con el ente investigador, los hechos están relacionados con un proyecto destinado a construir 1.170 unidades sanitarias en 47 veredas de Ataco, mediante dos contratos de obra y dos de interventoría por un valor total de $21.550 millones.
Según la investigación, Lugo Camacho habría participado en la elaboración de estudios previos para favorecer a un único proponente en dos contratos de interventoría, que posteriormente fueron adjudicados por $1.061 millones.
La Fiscalía también señaló que, durante su labor de supervisión, presuntamente permitió la ejecución de obras sin el acompañamiento de la interventoría. Asimismo, habría avalado un acta de suspensión contractual en agosto de 2024, pese a que, según el organismo, no asistió a la reunión en la que se suscribió el documento.
Las presuntas irregularidades habrían ocasionado un detrimento patrimonial de $499 millones, correspondiente a recursos públicos destinados al proyecto.
La exfuncionaria fue capturada luego de presentarse ante la Sijín de la Policía Nacional en Neiva, Huila, tras conocer la existencia de una orden judicial en su contra.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.
La procesada no aceptó los cargos y deberá cumplir la medida de aseguramiento en su lugar de residencia, decisión que fue apelada por la Fiscalía.
Las investigaciones continúan para establecer las responsabilidades de las personas presuntamente involucradas en las irregularidades contractuales. La exfuncionaria mantiene su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria en firme.
