La Fiscalía General de la Nación llevó a cabo la judicialización de Jesús Andrés Torrado Arévalo, Oswaldo Ortiz Valencia y John Sebastián Ruíz López,
La Fiscalía General de la Nación llevó a cabo la judicialización de Jesús Andrés Torrado Arévalo, Oswaldo Ortiz Valencia y John Sebastián Ruíz López, acusándolos del delito de estafa agravada por hechos ocurridos de manera aislada en el Tolima. Estos individuos son señalados de haber engañado a varios ciudadanos utilizando diferentes modalidades con el objetivo de despojarlos de sus bienes o dinero.
Las capturas de los implicados fueron posibles gracias al trabajo conjunto de los investigadores del CTI del Grupo EDA de la Seccional Tolima, en colaboración con la Policía Nacional y el Ejército, quienes llevaron a cabo las detenciones en distintos puntos de Ibagué.
En el caso de Jesús Andrés Torrado Arévalo, de 34 años, se le imputaron hechos ocurridos en octubre de 2022 en la capital tolimense. Según las investigaciones, mediante engaños logró obtener un vehículo particular en una permuta con un joven de 25 años, a quien entregó otro automóvil con orden de inmovilización debido a un embargo. Luego desapareció con el vehículo de la víctima, presuntamente comercializándolo. Actualmente, se encuentra bajo medida de aseguramiento domiciliaria.
Oswaldo Ortiz Valencia está siendo investigado por ofrecer vehículos en venta a través de redes sociales, los cuales al parecer comercializaba de forma irregular, sin ser de su propiedad. Utilizaba diferentes nombres para engañar a sus víctimas, y luego los vehículos eran incautados por autoridades, dejando a cinco ciudadanos afectados. Debido a la gravedad de sus acciones, le fue impuesta medida de aseguramiento preventiva en un centro carcelario.
Por último, John Sebastián Ruíz López, de 28 años, enfrenta cargos por presuntamente comercializar vehículos con pendientes judiciales, algunos de ellos pignorados a nombre de entidades bancarias, mientras que otros pertenecerían a empresas de alquiler y finalmente eran vendidos en Ibagué. Al menos 7 personas resultaron afectadas, entre ellas un hombre que entregó al investigado la suma de $29.000.000 en agosto de 2022. También se le impuso medida de aseguramiento intramuros.
Estas acciones ilegales han afectado gravemente el patrimonio de varias personas, y la Fiscalía continúa con las investigaciones para determinar la magnitud total de sus actividades delictivas.
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